Resumen “Cómo mueren las democracias” de Daniel Ziblatt y Steven Levitsky

A continuación te presento un extenso resumen de uno de los 50 libros que he elegido para estar en la selecta Biblioteca Polymata. Se trata de Cómo mueren las democracias, un libro de los politólogos de Harvard Daniel Ziblatt y Steven Levitsky. ¿Por qué hago este resumen público?

Porque creo que estamos en un momento clave y muy delicado para muchas democracias liberales de todo el mundo (incluida la española). Y creo firmemente que este libro te da información para entender la degradación de las democracias, los resortes que actúan en esta muerte lenta de la institución que nos protege de la tiranía.

Este resumen es bastante especial porque me he permitido ampliar la información del libro incluyendo el contexto español. Espero que te guste y que cambie tu forma de ver la política.

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Nota sobre el resumen

Dado el enfoque tan americano que tiene el libro, he pensado que podía ser útil añadir información sobre España en aquellos capítulos donde tenga sentido. Creo que las enseñanzas del libro son aplicables al caso español (y a otros). Y usando ejemplos locales se entenderá mejor.

Introducción

Durante décadas dimos por hecho que democracias sólidas, como la estadounidense, podían tensionarse pero no romperse. Las derivas autoritarias siempre apuntaban a otros lugares: golpes militares en América Latina, regresiones abruptas en Europa durante los años treinta, tanques en la calle y presidentes derrocados. Ese era el modo en el que caían las democracias.

Sin embargo, cuando observamos lo que ocurre hoy en Estados Unidos, ese guión no encaja. En los últimos años (sobre todo desde la aparición de Donald Trump) han aparecido señales inquietantes. Políticos que tratan a sus rivales como enemigos, ataques a la prensa, amenazas de impugnar elecciones y un debilitamiento deliberado de los contrapesos institucionales. Todo ello a pesar de ser la democracia más antigua del mundo, un país con una Constitución fuerte y una gran tradición liberal.

Ahí surge la pregunta central del libro: ¿puede una democracia caer sin un golpe de estado?

El caso chileno de 1973 sirve como recordatorio del viejo patrón: un golpe militar, abrupto y visible, que rompe la democracia en pocas horas. Pero esa no es la estrategia dominante hoy. La erosión de la democracia ahora suele estar provocada por líderes elegidos en las urnas que utilizan su legitimidad para alterar, poco a poco, las reglas del juego.

Golpe de estado en Chile, 11 de septiembre de 1973

Venezuela es un caso de manual. Hugo Chávez ganó con apoyo masivo en las elecciones presidenciales de 1998. Durante sus primeros años impulsó reformas votadas por la ciudadanía y mantuvo una fachada democrática mientras concentraba poder, neutralizaba a jueces y medios y manipulaba el terreno electoral. El proceso fue largo y gradual. Tanto que durante años muchos venezolanos siguieron creyendo que vivían en una democracia.

Hugo Chávez gana las elecciones venezolanas en 1998

Esa es la estrategia ganadora: la degradación silenciosa. No hay una abolición formal de la Constitución ni militares en las calles. La grieta se abre poco a poco a través de reformas “técnicas” que favorecen al gobierno, cambios electorales estratégicos, presión sobre instituciones independientes y una opinión pública cada vez más desorientada.

Sabemos que esta estrategia ha dado resultados en democracias más débiles que la estadounidense. ¿Podrá EEUU y otros países occidentales enfrentarse a los nuevos dictadores en potencia?

Capítulo 1. Alianzas fatídicas

Muchos creen que Mussolini llegó al poder por la fuerza, pero no fue así. Llegó porque varias figuras influyentes pensaron que podían aprovecharlo para estabilizar un país hecho trizas por huelgas, violencia política y gobiernos incapaces. El rey Víctor Manuel III lo invitó a gobernar para contener el caos, y políticos como Giolitti o Salandra lo vieron como una solución. Lo que no esperaban es lo que sucedió después.

Perfiles del Rey Vittorio Emanuele III y del Duce Benito Mussolini

Alemania siguió un camino parecido. Cuando Hitler acumuló apoyo popular, parte de la élite conservadora creyó que su entrada en el gobierno sería estratégica. Lo veían como un agitador útil que podría canalizar la frustración social. Pensaban que su gabinete lo controlaría. Lo nombraron canciller. Y en muy poco tiempo, desmontó la democracia desde dentro.

Hitler en uno de sus discursos

Pero este patrón no solo se dió en la Europa de entreguerras. En Venezuela ocurrió algo similar, aunque mucho más despacio. Durante décadas, Acción Democrática y COPEI habían gobernado de forma estable. Pero la crisis económica de los años ochenta quebró ese equilibrio. El descontento se multiplicó, las protestas arrasaron Caracas y la clase política se fracturó. En ese clima, Chávez (un militar golpista) no habría llegado lejos sin el impulso clave de Rafael Caldera. Caldera había sido presidente, había roto con su partido, y presentó a Chávez como una solución para los problemas del país.

Aquella alianza fue el inicio de un proceso que transformó la democracia venezolana en un sistema híbrido, cada vez más autoritario.

Hugo Chávez y Rafael Caldera

Lo que comparten la Italia de Mussolini, la Alemania de Hitler y la Venezuela de Chávez, es que el autoritarismo no entró a la fuerza, entró por invitación. Y como es lógico, entró disfrazado de solución excepcional en tiempos de crisis.

Como contrapunto esperanzador, tenemos el ejemplo de Bélgica en el 36. En plena ola fascista, con el rexismo (movimiento fascista) creciendo, el Partido Católico afrontó un dilema difícil. Podía pactar con los extremistas y asegurarse una mayoría, o cerrar filas con fuerzas a las que llevaba décadas combatiendo. Escogieron lo segundo. Expulsaron a candidatos con simpatías ultras y buscaron acuerdos con socialistas y liberales. Ese bloqueo conjunto dejó a los rexistas fuera del poder en un momento crítico. Bélgica no era un país con una tradición democrática especialmente robusta; simplemente tomó la decisión correcta cuando tocaba.

Estos ejemplos permiten entender una de las tesis clave del libro. Las democracias no suelen derrumbarse porque la ciudadanía se enamore de un autócrata. Suelen hacerlo cuando los partidos tradicionales bajan la guardia, buscan ventajas tácticas a corto plazo o actúan movidos por el pánico. Los partidos son los guardianes del sistema democrático. Seleccionan quién entra y quién queda fuera, quién merece legitimidad y quién no. Cuando cumplen esa función, los extremistas quedan arrinconados.

Conclusión: las alianzas son clave. Las acertadas pueden salvar democracias. Las equivocadas pueden hundirlas.

Contexto español

En España, durante décadas, los grandes partidos nacidos de la Transición actuaron como filtros bastante eficaces. El régimen del 78 dejó fuera a la extrema derecha nostálgica del franquismo, marginó a los grupos abiertamente revolucionarios y trató de no depender de partidos que justificaban la violencia. El pacto era imperfecto. Sobre todo en lo que tiene que ver con el País Vasco y Navarra, pero había una idea clara: ciertas fuerzas no podían formar parte del gobierno si se quería estabilidad.

Con la fragmentación del sistema de partidos en la última década, ese filtro se ha debilitado. PP y PSOE ya no compiten solo entre ellos, sino que dependen cada vez más de actores que se mueven en los márgenes del consenso del 78. En algunos territorios el PP gobierna gracias a Vox, un partido con un nacionalismo excluyente, agenda recentralizadora agresiva y una relación tensa con algunos derechos y libertades civiles. En el otro lado, el PSOE se apoya en fuerzas que cuestionan abiertamente la arquitectura territorial del Estado o que arrastran un pasado de violencia política, como Bildu.

Por fortuna la situación política de España dista de la Italia de Mussolini o la Alemania de Hitler. Pero lo que quiero mostrar aquí es que la lógica del caso español es similar. Los partidos moderados necesitan a las minorías extremistas: “si no pacto yo con ellos, pactará el otro y estaré perdido”. Cada bloque se convence de que puede domesticar al aliado incómodo, de que lo está utilizando tácticamente y de que el riesgo está controlado.

Capítulo 2: Salvaguarda de la democracia en Estados Unidos

Si en tantas democracias han aparecido líderes extremistas capaces de hundir el sistema, ¿por qué en Estados Unidos no llegó nadie así a la Casa Blanca hasta 2016? La respuesta no parece estar en unos votantes especialmente sensatos, sino en los partidos políticos. Durante más de 200 años, los partidos filtraron a los populistas con tendencias autoritarias.

La tendencia autoritaria en Estados Unidos no es nueva. Durante la Gran Depresión surgieron centenares de grupos de extrema derecha. El caso más llamativo fue el del padre Coughlin, un sacerdote católico que utilizaba la radio para difundir un nacionalismo furioso, mensajes antisemitas y simpatías por los regímenes fascistas europeos. Sus discursos llegaban a decenas de millones de personas cada semana. Defendía la abolición de los partidos y ponía en duda el valor de las elecciones, pero aun así era escuchado y admirado por una parte grande del país.

El padre Coughlin en uno de sus discursos

Más adelante, en plena Guerra Fría, Joseph McCarthy explotó el miedo al comunismo para legitimar listas negras, persecuciones y censura. Llegó a tener el respaldo de casi la mitad de la opinión pública. Y en los años sesenta, George Wallace, gobernador de Alabama, combinó un racismo abierto, desafío a las leyes de derechos civiles y un lenguaje populista de agravio para atraer a amplios sectores de la clase trabajadora blanca.

Si uno se queda sólo con estos nombres, el cuadro es inquietante. Coughlin, McCarthy, Wallace… todos encajaban bastante bien en el perfil de demagogo que los padres fundadores temían. Eran populistas, atacaban a minorías, despreciaban las normas y jugaban con la idea de que la voluntad del pueblo está por encima de cualquier Constitución. Sin embargo, ninguno de ellos llegó a la presidencia.

En distintos momentos, entre un 30 y un 50 por ciento de la población simpatizó con estos personajes o con sus movimientos. Debajo de la superficie liberal del país siempre ha existido una veta autoritaria, dispuesta a escuchar a líderes que prometen orden, castigo o venganza.

Lo que mantuvo a los EEUU a salvo de estos personajes fueron los partidos. Durante la mayor parte de la historia estadounidense, para llegar a la presidencia era casi imprescindible pasar por los aparatos demócrata o republicano. Y esos aparatos eran organizaciones fuertes, compuestas por políticos que se conocían entre sí desde hacía años y que tenían incentivos para evitar riesgos excesivos.

Las candidaturas se decidían en convenciones controladas por delegados, líderes estatales y caciques locales. El procedimiento era opaco, poco democrático. Pero cumplían su función: cribar a los aspirantes. En esas reuniones se hablaba del temperamento del candidato, de su estabilidad emocional, de su disposición a respetar acuerdos y de su capacidad para gobernar sin incendiar el país.

Ese sistema no garantizaba la elección de buenos presidentes, pero sí reducía la probabilidad de que un extremista se colara en el gobierno. Demagogos como el padre Coughlin, podían despertar fervor entre el pueblo, pero no superaban el filtro de los partidos. Sabían que, para llegar a la presidencia, necesitaban algo más que su carisma.

Otro ejemplo de manual de tirano en potencia al que pararon los pies, fue el del senador republicano Joseph McCarthy. Mientras su cruzada anticomunista resultó útil, se toleró. Pero cuando empezó a atacar a todo el mundo, incluidos militares y aliados, el Senado le paró los pies. Los dirigentes del partido entendieron que permitirle seguir escalando era peligroso incluso para su propia supervivencia política.

Los autores comparan este funcionamiento con lo que sucedió en otros países. En la Europa de entreguerras, las élites conservadoras no supieron o no quisieron bloquear a figuras como Hitler o Mussolini. Por contra, en Estados Unidos, la Guerra de Secesión sirvió de aprendizaje. Tras el conflicto las tensiones entre el norte y el sur, y entre blancos y negros, eran brutales. Aun así, con el tiempo, demócratas y republicanos fueron aceptando que podían alternarse en el poder sin destruirse. Aprendieron a conceder legitimidad básica al bando rival, aunque lo detestaran.

Cada vez que los partidos vetaban a un extremista, reforzaban la idea de que aquí dentro se juega según ciertas normas, y quien no las asume se queda fuera.

Por eso, durante buena parte del siglo XX, ningún candidato abiertamente antidemocrático llegó a estar cerca de la Casa Blanca.

Estas salvaguardas no estaban escritas en ningún sitio. No formaban parte de la Constitución ni de ninguna ley. Eran producto de prácticas acumuladas, hábitos, reglas no escritas. Y precisamente ese era su punto débil, eran vulnerables al carácter de los partidos y sus líderes. Dependían de que los líderes de partido siguieran creyendo en su utilidad y tuvieran la capacidad de imponerlas.

Contexto español

En España los cortafuegos han funcionado de forma distinta. Aquí no ha habido primarias masivas ni convenciones abiertas al estilo estadounidense, sino partidos muy jerárquicos, con listas cerradas y mucha disciplina interna. Durante años eso actuó como un filtro bastante eficaz: las cúpulas de PP y PSOE decidían quién entraba en las listas y mantenían lejos del poder estatal tanto a los nostálgicos del franquismo como a sectores vinculados a ETA en el País Vasco.

El problema de este modelo es que cuando las direcciones de los partidos decidieron abrir la puerta a partidos más escorados a izquierda y derecha. El votante tuvo poco margen para frenar ese movimiento, porque vota a partidos, no a personas. Eso es lo que hemos visto con la entrada de Vox en gobiernos autonómicos, o con la entrada de Bildu y Junts en la aritmética de la gobernabilidad nacional.

Capítulo 3. La gran abdicación republicana

El capítulo 3 se centra en un giro histórico que cambió la política estadounidense para siempre. El Partido Republicano dejó de actuar como guardián del sistema y comenzó a abrir la puerta a figuras que antes habrían sido vetadas sin contemplaciones.

El punto de partida está en los años sesenta y setenta, cuando la aprobación de las leyes de derechos civiles que daban derechos a los negros cambió por completo el mapa político. El Partido Demócrata perdió gran parte del sur, y el Partido Republicano empezó a atraer a votantes que se sentían amenazados por los cambios raciales y sociales. Esa realineación creó una base más homogénea y más dispuesta a respaldar discursos duros.

Lyndon B. Johnson, estrechando la mano del líder del movimiento por los derechos civiles, el Dr. Martin Luther King Jr.

Esa transformación coincidió con la aparición de nuevos medios conservadores. Primero fue la prensa, luego la radio conservadora y, finalmente, Fox News (1996). Este universo mediático dio voz a los extremistas de derechas, castigó a los moderados y obligó a los líderes republicanos a mirar permanentemente hacia su derecha.

El siguiente paso en esa deriva fue el debilitamiento deliberado de las estructuras tradicionales del partido. Grupos de presión bien financiados (como Americans for Prosperity o FreedomWorks) empezaron a tener más influencia que los propios dirigentes republicanos. Su capacidad para financiar campañas, castigar deslealtades y promover candidatos cambió los incentivos dentro del partido. Las primarias se transformaron en una especie de examen ideológico permanente: quien se desviaba mínimamente de la línea ideológica más dura, corría el riesgo de ser desafiado por un candidato aún más extremista.

Este nuevo entorno castigó a los republicanos moderados. Dirigentes que en otra época habrían actuado como cortafuegos empezaron a mirar hacia otro lado.

A lo largo de los años noventa y 2000, esta dinámica llevó a episodios cada vez más graves. La presidencia de Obama intensificó el resentimiento de una parte de los conservadores que aprovechó estratégicamente el Tea Party. Muchos de sus líderes se presentaban como azotes del establishment y trataban a los demócratas como enemigos existenciales. Aunque sus propuestas eran a menudo inverosímiles, su valor político residía en su capacidad para intimidar a los republicanos tradicionales.

Sarah Palin, una de las políticas que apoyaron el movimiento del Tea Party

En este contexto, las señales clásicas de autoritarismo como cuestionar la legitimidad del adversario, tolerar la violencia política o poner en duda elecciones, empezaron a aparecer dentro del propio Partido Republicano.

Así que cuando Donald Trump apareció en escena, esas transformaciones habían vaciado en gran parte la función esencial de guardián que el partido había desempeñado durante siglo y medio. Trump no necesitaba convencer a líderes republicanos experimentados, porque esos líderes ya no podían frenar a nadie.

El surgimiento de un demagogo no es lo sorprendente, ya hemos visto que muchos le han precedido. Lo sorprendente es que su partido fuera incapaz de detenerlo. La “gran abdicación” fue ese abandono lento de la responsabilidad de filtrar a quienes amenazaban las normas del juego democrático.

Contexto español

En España también hemos visto cómo quienes deberían actuar como freno han dejado de hacerlo. El PP pasó de tratar a Vox como una fuerza incompatible con el gobierno a apoyarse en ellos en varias comunidades. En el otro bloque, el PSOE, que prometía no pactar con independentistas ni con Bildu, depende hoy de su apoyo para gobernar. Y para ello ha tenido que aceptar indultos de condenados por el procés, eliminar el delito de sedición, aprobar la amnistía y negociar con Bildu.

Y mientras tanto, PP y PSOE han usado durante años el bloqueo del Poder Judicial como arma política, aun sabiendo que eso daña la Justicia.

En los medios ocurre algo parecido. Las cadenas se han organizado en bandos: La Sexta y la SER cargan contra la derecha, mientras la COPE, el ABC, y otros medios se van al lado contrario con discursos cada vez más duros sobre inmigración o seguridad. Y cómo no, RTVE es acusada una y otra vez de ser el medio de propaganda del gobierno de turno.

Cuando periodistas y partidos normalizan alianzas incómodas o desdibujan el concepto de verdad para apoyar a “los suyos”, el problema ya no es un líder concreto: el problema es que las élites dejan de actuar como cortafuegos.

Y a esto se suma un tono político cada vez más inflamado. Unidas Podemos ha presentado a la derecha como una mafia corrupta, y desde la derecha se responde acusando a la izquierda de traidores u okupas. Ese clima erosiona algo esencial: la idea de que el rival es legítimo y de que los árbitros pueden equivocarse sin estar vendidos.

Capítulo 4. La subversión de la democracia

Los autócratas elegidos democráticamente rara vez destruyen la democracia de golpe. El proceso suele comenzar con una sensación de impaciencia. La democracia requiere negociación, diálogo, cesiones… e impone límites. Para un líder populista con ansias de poder absoluto eso es frustrante. Fue el caso de Alberto Fujimori, que desde el primer día chocó con un congreso hostil, tribunales que frenaban sus decretos y medios que miraban con recelo sus movimientos.

Alberto Fujimori

A partir de ahí comienza una erosión progresiva del sistema con gestos que a priori parecen inofensivos. Normalmente cada acción contra el sistema se justifica diciendo que se quiere combatir la corrupción, reforzar la seguridad o depurar la política. ¿Te suena? Pero detrás de esa retórica aparecen tres estrategias que se repiten una y otra vez.

La primera consiste en apresar a los árbitros. Es decir, controlar las instituciones encargadas de fiscalizar al poder: tribunales, policía, fiscalías, agencias tributarias y organismos reguladores. Mientras estas instituciones sean independientes, pueden investigar los abusos del líder y sus “amigotes”. Para un autócrata, eso es un obstáculo. Por eso buscan colocar a sus amigotes en puestos clave, presionan a los jueces y usan el aparato estatal para su propio beneficio. Una vez capturados los árbitros, el Gobierno gana impunidad y además obtiene un arma para perseguir a quienes lo desafían.

La segunda estrategia es marginalizar a los actores clave. Un régimen autoritario no necesita silenciar a toda la sociedad. Basta con comprar, intimidar o aislar a quienes pueden coordinar la resistencia. Es decir, a medios de comunicación influyentes, líderes empresariales, figuras culturales respetadas o políticos carismáticos. 

Fujimori, con Vladimiro Montesinos al mando, perfeccionó esta técnica en Perú. Compraba a propietarios de canales de televisión, presionaba a periodistas críticos y pagó a diputados para manipular elecciones.

La tercera estrategia es reescribir las reglas del juego. Se llevan a cabo cambios constitucionales y reformas electorales. Todo bajo una pátina legal y bienintencionada, pero el objetivo es asegurarse ventajas permanentes. Los autores mencionan un ejemplo extremo que ocurrió en el sur de Estados Unidos al finalizar la guerra civil. Cuando la reconstrucción terminó y las tropas federales se retiraron, los gobiernos blancos del Sur recuperaron el control y empezaron a aprobar leyes diseñadas para impedir la votación de los negros. Eran medidas con apariencia neutral, pero no lo eran en absoluto.

Aquí lo importante es entender que un solo cambio no destruye la democracia. La clave está en la acumulación progresiva. Una sola reforma puede parecer razonable. Varias reformas, cada una envuelta en la retórica de la mejora institucional, pueden pasar desapercibidas. Pero juntas van alterando la esencia de la democracia. La oposición pierde capacidad de competir, la justicia deja de actuar con neutralidad y la información pública se vuelve menos plural. Las elecciones siguen existiendo, pero ya no son justas.

Y como puedes imaginar, las crisis aceleran todo este proceso. Una amenaza terrorista, un intento de golpe militar, una pandemia, una ola de violencia o una crisis económica ofrecen la excusa perfecta para concentrar poder. Hitler aprovechó el incendio del Reichstag. Erdogan usó el golpe fallido de 2016 para purgar tribunales, cerrar medios y expandir su autoridad. Las crisis suelen disparar el apoyo popular del líder, reduciendo la oposición.

Contexto español

En España no vivimos un proceso autoritario, pero sí se perciben movimientos que recuerdan a esa erosión lenta que describe el capítulo. El caso más evidente es el de apresar a los árbitros. 

Un ejemplo de ello sucedió en 2020 tras el nombramiento de Dolores Delgado, una exministra como fiscal general del Estado. Entonces la Fiscalía se acercó demasiado al Gobierno. La ley lo permite, pero la señal que recibe la gente es que los controles pueden moldearse según convenga al poder político.

Algo parecido ha ocurrido con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de Tezanos. El CIS debería ser un organismo objetivo que proporciona información útil a la sociedad. Sin embargo, existen sospechas fundadas de que el Gobierno lo está utilizando con intereses partidistas.

Otra de las derivas usadas por muchos gobiernos con ambiciones autoritarias es el uso del decreto-ley. Lo que debería ser una herramienta excepcional se ha convertido en una forma habitual de legislar sin debate. Pedro Sánchez se ha convertido en el Presidente de la democracia con el dudoso honor de ejecutar más decretos ley por año.

RTVE completa el cuadro. No se ha convertido en el NO-DO, ya que no hay censura como tal, pero existe una tendencia clara a tratar la radiotelevisión pública como un instrumento político más. Esto, por supuesto, no es algo nuevo. Ha sucedido siempre y sucede también en otras televisiones públicas como Telemadrid.

Tal y como señalan los autores, ninguna de estas prácticas destruye la democracia española. Pero juntas revelan una disposición del Gobierno a estirar las normas informales que sostienen el sistema. Esa es justamente la advertencia del capítulo. Las democracias no caen cuando aparece un líder autoritario, sino cuando se da cuenta de que puede empujar los límites del poder sin consecuencias.

Capítulo 5. Los guardarraíles de la democracia

Durante mucho tiempo, la política estadounidense se sostuvo sobre una confianza casi mítica en su Constitución. Se veía como una máquina perfecta, capaz de contener abusos de poder y mantener estable un país enorme y diverso. Y es verdad que, históricamente, funcionó. Cuando Lincoln expandió sus poderes durante la Guerra de Secesión, el sistema volvió al equilibrio. Y cuando Nixon intentó usar el Estado para encubrir sus delitos, los controles institucionales acabaron obligándolo a dimitir.

El problema es que esas defensas formales nunca han sido suficientes por sí solas. Las constituciones, incluso las mejores, tienen grietas. Lo que realmente ha mantenido a flote la democracia estadounidense durante dos siglos son dos normas informales: la tolerancia mutua y la contención institucional.

La tolerancia mutua consiste en aceptar que el rival político es un adversario legítimo, no un enemigo. Mientras se mantuvo esa idea, perder unas elecciones no se vivía como una amenaza existencial. La contención institucional era la otra cara: renunciar voluntariamente a usar todo el poder que uno tiene para machacar al contrario. En los momentos clave, presidentes y congresistas optaron por la autocontención. Por ejemplo, no manipular el Tribunal Supremo y no convertir cada resquicio legal en una palanca partidista.

Bien, entonces, ¿por qué llamamos a estas normas “guardarraíles”? Porque impedían que la rivalidad política se convirtiera en una guerra total. Cuando funcionaban, el sistema entraba en un círculo virtuoso: si aceptas al rival como legítimo, te cuesta menos moderarte; y si te moderas, refuerzas esa legitimidad.

Dicho esto, también podía ocurrir lo contrario. Cuando la desconfianza aflora, perder se vuelve intolerable. Y es ahí cuando se rompe la contención. El capítulo recupera un episodio ilustrativo de Inglaterra en el siglo XVII. La lucha entre el Parlamento y Carlos I, alimentada por acusaciones cruzadas de traición y herejía. Este conflicto fue erosionando los límites no escritos que sostenían la monarquía. Cada actor forzó sus prerrogativas hasta el extremo, convencido de que el otro era una amenaza demasiado grande. El resultado fue una guerra civil.

Este tipo de dinámica encaja con la trampa típica de muchos sistemas llamada “escalada”. Meadows la describe en detalle en Pensando en sistemas. En dicha trampa dos actores quedan atrapados en una competición que erosiona el sistema que comparten.

Y la reflexión principal del capítulo es que Estados Unidos hoy ya muestra señales de desgaste en esos dos guardarraíles. La idea de adversario legítimo se ha ido deshaciendo con la polarización. Y la contención institucional se ha ido rompiendo con estrategias cada vez más agresivas, el uso de maniobras legales límite y un uso de las prerrogativas presidenciales y legislativas que antes se consideraba impensable.

Contexto español

Durante la Segunda República española, la desconfianza entre bloques creció hasta que los adversarios dejaron de reconocerse como parte del mismo proyecto político. La polarización creció y cada bando empezó a ver al otro como una amenaza existencial. Esa dinámica terminó anulando cualquier posibilidad de contención. Cuando una sociedad entra en ese terreno, las instituciones ya no sirven de freno y el conflicto acaba devorándolo todo. La Guerra Civil española es, en ese sentido, una advertencia clara de lo que ocurre cuando la tolerancia mutua desaparece y la competición política se convierte en una lucha sin reglas.

17 de julio de 1936. Día 1 de la Guerra Civil española

Obviamente, no estamos en la España del 36. Sin embargo, la degradación democrática es clara y no hay que subestimar los productos de esta situación social.

Si evaluamos los guardarraíles de la España actual se ven grietas bastante claras. La tolerancia mutua se ha ido deteriorando desde la moción de censura que desalojó a Rajoy en 2018. A partir de ahí se empezó a hablar de “gobierno ilegítimo”, “pacto de perdedores” o “asalto al poder sin pasar por las urnas”. Con el tiempo la cosa no ha hecho más que empeorar. Un bloque acusa al otro de “golpe de Estado” por la amnistía, mientras desde el otro lado se habla de “fachas con toga” o de “lawfare” para describir decisiones judiciales. El mensaje de fondo es que el rival ya no juega limpio y, por tanto, no merece gobernar.

La contención institucional también se ha ido erosionando. El Consejo General del Poder Judicial estuvo años a medio gas y sin renovarse por el bloqueo entre PP y PSOE, que han antepuesto el cálculo partidista al funcionamiento normal de la Justicia.

Las reformas legales aceleradas son otro síntoma. La modificación del Código Penal para rebajar las penas de la antigua sedición y cambiar la malversación se tramitó por vía acelerada y muy vinculada políticamente a los acuerdos con el independentismo catalán. Asimismo, la ley de amnistía para los implicados en el procés estuvo ligada a la investidura del Gobierno en 2023. Todo entra dentro de la legalidad, pero se forzó el marco al límite para garantizar la supervivencia del Gobierno.

En resumen, el sistema español no está al borde del colapso, pero encaja bastante bien con el patrón que describe el capítulo: dos grandes bloques que se ven cada vez menos como rivales legítimos y cada vez más como amenazas.

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Capítulo 6. Las reglas no escritas de la política estadounidense

Durante buena parte del siglo XX las instituciones estadounidenses funcionaban porque había un acuerdo implícito que marcaba los límites de lo que se podía hacer. Ese fue un efecto colateral positivo de crisis profundas como la Guerra de Secesión.

Durante esas décadas los políticos procuraban tratar al adversario con cierto respeto y evitaban convertir cada conflicto en un juicio moral.

Dicha actitud explica por qué Roosevelt, con un gran apoyo detrás, no consiguió sacar adelante su intento de ampliar el Tribunal Supremo. Su propio partido le paró los pies porque pensó que era un movimiento demasiado arriesgado. Era una forma de decir que había líneas que no debían cruzarse aunque la ley lo permitiera.

En el Senado pasaba algo similar. Existía el filibusterismo, una táctica que permite a una minoría bloquear una ley simplemente prolongando el debate. Era un arma de oposición muy potente, pero durante décadas se usó con mucha prudencia. Los senadores sabían que abusar de ella podía convertir la cámara en un lugar ingobernable, así que mantenían un acuerdo no escrito para no forzar más de la cuenta.

Hubo momentos en los que ese equilibrio se rompió. El macartismo es un ejemplo claro. Se llegó a un punto en el que acusar a alguien de traición se convirtió en un arma política habitual. También se dieron excesos presidenciales, como la expansión del poder ejecutivo en tiempos de Roosevelt. Pero en esos momentos críticos aparecieron contrapesos, a veces dentro del propio partido, que consiguieron frenar la deriva.

Entre los años 50 y 70, el sistema entró en una etapa de estabilidad poco común. El Congreso investigó a Nixon cuando intentó usar al Estado para protegerse del Watergate. Los tribunales actuaron sin plegarse al Ejecutivo. Incluso los presidentes más poderosos aceptaron sentencias que no les favorecían.

Esa estabilidad, sin embargo, tenía un lado oscuro. Parte del entendimiento entre los dos grandes partidos dependía de mirar hacia otro lado en asuntos raciales. Evitar ese conflicto permitió mantener la cooperación política en otros ámbitos. El coste humano y democrático fue enorme, pero el efecto inmediato fue reducir la polarización durante años.

Contexto español

En España también hubo una época en la que la tolerancia y la contención institucional eran parte de la cultura política. A pesar de los desacuerdos existía un respeto básico hacia las instituciones y hacia la legitimidad del rival. Ese clima se mantuvo durante buena parte de la Transición y los primeros años de la democracia.

Con el tiempo esa contención se fue desgastando. Se nota, por ejemplo, en el uso creciente de vías excepcionales para aprobar reformas que antes se tramitaban con más deliberación.

También ha cambiado la relación con el Tribunal Constitucional. Antes era habitual que los partidos aceptaran sus decisiones aunque les resultaran incómodas. Hoy cada sentencia se recibe como una victoria o una derrota partidista. Sea cual sea la resolución, siempre hay un bloque que la interpreta como un guiño político.

El Senado ha vivido algo parecido. La figura del “veto autonómico”, que debía servir para proteger sensibilidades territoriales, se ha convertido en una herramienta de bloqueo más dentro de la “guerra de partidos”.

Lo mismo ocurre con la cultura parlamentaria diaria. La cortesía institucional, que durante años funcionó como una amortiguación esencial, se ha ido resquebrajando. Las comisiones y los plenos se han llenado de descalificaciones personales que antes eran excepcionales.

Capítulo 7. El desmantelamiento

El capítulo arranca con un episodio que marcó un antes y un después en la política estadounidense. Estoy hablando de la muerte del juez Antonin Scalia en 2016. Hasta entonces, cuando un presidente tenía una vacante en el Tribunal Supremo la cubría. Era una práctica asentada durante siglo y medio. Obama nominó a Merrick Garland, un juez moderado y respetado. Y, por primera vez en la historia, el Senado controlado por el Partido Republicano se negó siquiera a estudiarlo. En ese momento se rompió un acuerdo tácito que había mantenido la estabilidad del Supremo durante generaciones.

Hay que retroceder a los años ochenta y noventa para entender la raíz del problema. Newt Gingrich es la figura clave. Su estilo agresivo y su manera de entender la política como un combate total marcaron un giro cultural dentro del Partido Republicano. Hasta entonces la Cámara funcionaba con cierto espíritu de colaboración. Los líderes de ambos partidos se trataban con decoro. Gingrich rompió con todo eso de forma deliberada. Empezó a usar un lenguaje que pintaba a los demócratas como corruptos, inmorales y peligrosos para el país.

Newt Gingrich

Ese estilo se extendió al Senado con la llegada de una nueva generación de políticos que rechazaban cualquier compromiso. El filibusterismo dejó de ser una herramienta excepcional y pasó a ser de uso común. El impeachment contra Bill Clinton por el caso Lewinsky encaja en ese deterioro. Se usó la destitución presidencial como arma partidista, no como recurso extremo para defender la Constitución.

Bill Clinton con Mónica Lewinsky

Otro elemento decisivo fue la polarización creciente del electorado. El Partido Republicano perdió la diversidad interna que antes moderaba su comportamiento. Al mismo tiempo, surgieron movimientos como el Tea Party que empujaron al partido hacia posiciones más extremas.

Con todo esto, la cortesía institucional y el respeto a la legitimidad del contrario fueron perdiendo fuerza. La política estadounidense entró en una dinámica en la que cualquier táctica era válida si ayudaba a ganar.

Contexto español

Aunque en España no ha habido un equivalente claro a Newt Gingrich, mi opinión es que Pablo Iglesias es quien más se acerca a esa figura. Los dos introdujeron un estilo de confrontación áspero y una visión de la política en clave moral, donde el adversario se ve como un enemigo y no como alguien legítimo. Iglesias cambió el tono del debate público, reconfiguró a la izquierda y, a diferencia de otros líderes emergentes, terminó entrando en el corazón del Ejecutivo como vicepresidente del Gobierno. Ese salto le dio una capacidad de influencia institucional que no tuvo ningún otro dirigente tan extremista.

Pablo Iglesias en un mitin

Dicho esto, la comparación tiene un límite claro. Gingrich transformó desde dentro a un partido histórico y cambió la cultura política de Estados Unidos. Iglesias llegó muy arriba, pero no reescribió la arquitectura interna del sistema. Su impacto ha sido muy importante en el discurso y la agenda, pero no creo que haya cambiado la estructura del juego político.

Capítulo 8. Trump contra los guardarraíles de la democracia

El capítulo 8 se centra en el primer año de Trump en la Casa Blanca, un período que puso a prueba esos límites invisibles que sostienen la democracia estadounidense. Desde el principio, Trump adoptó un estilo de choque frontal. Atacó a los medios calificándolos de “enemigos del pueblo”, cuestionó la legitimidad de los jueces y alimentó la idea de que había llegado al poder para enfrentarse a un establishment corrupto. Esa mezcla de victimismo y agresividad no era nueva en la historia de otros líderes con inclinaciones autoritarias, pero en Estados Unidos tenía un peso distinto porque chocaba de lleno con normas muy asentadas.

Trump no solo tensó el ambiente político. Además intentó modificar la relación con los llamados árbitros del sistema. Presionó a las agencias de inteligencia y al FBI para que le mostraran lealtad personal.

También trató de intervenir en investigaciones que podían comprometerle. Presionó al director del FBI para que suavizara el caso de Michael Flynn, su asesor de Seguridad Nacional, que había mentido sobre sus contactos con Rusia. Y cuando el fiscal especial Robert Mueller empezó a acercarse a su círculo en la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016, valoró seriamente destituirlo.

En paralelo, lanzó ataques repetidos contra jueces federales cuando frenaban sus órdenes ejecutivas. Y mientras hacía eso, dejaba claro que consideraba el poder judicial un obstáculo injusto más que una institución independiente. Su estilo verbal centrado en amenazas públicas, insultos a periodistas y acusaciones de fraude sin pruebas, fue llevando los límites de lo aceptable a un terreno más turbio. Lo que antes era impensable empezó a aparecer como parte normal del debate público.

Trump no consiguió derribar los guardarraíles durante su primer año, pero no dejaba de golpearlos. En vez de apartarse de sus negocios para eliminar cualquier conflicto de intereses, los delegó en sus hijos. Una decisión legal, pero contraria al espíritu de contención que habían respetado sus antecesores. Algo parecido ocurrió cuando nombró a su hija y su yerno como asesores. La ley lo permitía, pero quebraba una tradición pensada para evitar nepotismos.

Otra de sus costumbres fue la mentira. Trump mintió con una frecuencia desconocida en la política moderna. No solo exageraba, también fabricaba datos, inventaba supuestos elogios o victorias y negaba hechos comprobados. La consecuencia ha sido un deterioro en la confianza de la gente. Cuando el líder de un país se pasa por el forro la verdad, la ciudadanía pierde un punto de referencia esencial.

La pregunta de fondo es: ¿qué habría ocurrido si Trump se hubiera enfrentado a una gran crisis nacional? En momentos así, atentados, guerras, emergencias graves, el presidente de Estados Unidos disfruta de un poder extraordinario, y el sistema se vuelve más permisivo. El libro recuerda cómo otros líderes con impulsos autoritarios aprovecharon esas crisis para consolidar su poder.

El primer año de Trump no terminó en el desmantelamiento de la democracia estadounidense, pero sí nos proporcionó información útil.

¿Qué ha pasado desde entonces?

Cómo mueren las democracias fue publicado en 2018, ¿qué podemos añadir de la deriva política en USA, y sobre todo de Trump desde entonces?

Cuando se escribió ese capítulo, Trump apenas llevaba un año en la Casa Blanca. Ya se veía que no respetaba demasiado las normas, pero aún no se había enfrentado a una crisis que pusiera realmente a prueba sus límites. 

Pero esa crisis llegó con las elecciones de 2020. Trump perdió frente a Joe Biden y, en lugar de aceptar el resultado, decidió negar la derrota. Afirmó sin pruebas que le habían robado las elecciones, habló de un fraude masivo y convirtió esa idea en el centro de su discurso.

Empezó a presionar a cargos republicanos en estados clave para que “encontraran” votos o cuestionaran los resultados, alentó demandas judiciales y promovió teorías conspirativas. 

La escena más brutal fue el 6 de enero de 2021, cuando una multitud de seguidores asaltó el Capitolio para intentar impedir que el Congreso certificara el resultado electoral. Aquello no fue un arrebato espontáneo. Llegó tras semanas de negar la derrota. El objetivo era usar todos los resquicios posibles para mantenerse en el poder.

Trump después del intento de asesinato que sufrió en un mitin de campaña en 2024

Ante ese choque, las instituciones respondieron de forma ambigua. Por un lado, los tribunales rechazaron una tras otra las demandas sin pruebas, varios cargos republicanos en los estados se negaron a ceder a la presión y el vicepresidente, Mike Pence, terminó certificando el resultado. El traspaso de poder a Biden se produjo. Desde ese ángulo, los guardarraíles formales funcionaron: la Constitución y un puñado de personas con sentido de responsabilidad sostuvieron el resultado electoral.

Pero la reacción del sistema político fue mucho menos tranquilizadora. La mayoría de los congresistas republicanos se alineó con la narrativa del fraude, un porcentaje importante del electorado conservador sigue convencido de que las elecciones de 2020 fueron robadas y el partido se negó a romper con Trump incluso después del asalto al Capitolio.

Tras su salida del poder, Trump afrontó varias causas penales por sus intentos de alterar las elecciones. Aun así, el Tribunal Supremo amplió la inmunidad presidencial y, tras volver a ganar en 2024, los cargos federales se retiraron porque el Departamento de Justicia evita procesar a un presidente en ejercicio.

Trump regresó a la Casa Blanca tras ganar las elecciones de 2024 frente a Kamala Harris, con mayoría republicana en ambas cámaras del Congreso. Su segundo mandato ha arrancado con una avalancha de órdenes ejecutivas y decisiones destinadas a deshacer buena parte de las políticas de la etapa Biden y a politizar aún más la administración federal. Varios analistas apuntan que algunas de esas medidas estiran al límite las leyes y normas que regulan el funcionamiento del Estado.

Visto desde hoy, el experimento del que hablaba este capítulo ya no es un escenario hipotético. Sabemos que un presidente con impulsos autoritarios intentó anular unas elecciones, desencadenó un episodio de violencia política grave y sobrevivió a ello.

Contexto español

En España afortunadamente no tenemos un Donald Trump. Si bien ya hemos comentado que Pedro Sánchez y su gobierno han utilizado muchas de las tretas señaladas por los autores, la comparación con Trump no me parece justa. Sin embargo, sí que me gustaría señalar algo que es evidente, y es el uso de la mentira como forma de gobierno. 

Sánchez no llega a los niveles alucinógenos de Trump, pero sí ha instalado un patrón claro de afirmaciones falsas o contradictorias según le convenía políticamente. Ejemplos conocidos para cualquier ciudadano español:

• Asegurar que no gobernaría con Podemos… y hacerlo.
• Asegurar que no pactaría con Bildu… y pactar.
• Repetir que no concedería una amnistía… y aprobarla.
• Afirmar que los indultos “no estaban en su agenda”… y concederlos.

Capítulo 9. Cómo salvar la democracia

La democracia estadounidense no ha sido nunca una estructura blindada. Ha pasado por momentos muy difíciles y por etapas en las que la desconfianza fue tan intensa que el país terminó en una guerra civil. Lo que permitió reconstruir el sistema fue la capacidad de los dirigentes para crear y sostener normas informales que contuvieran la rivalidad política.

Lo curioso de todo esto es que esa estabilidad se apoyó en la exclusión política de una parte enorme de la población, sobre todo los afroamericanos del Sur. Cuando esto se corrigió en los sesenta con las leyes de derechos civiles, la democracia aumentó, pero entró en una fase donde la política empezó a ordenarse por líneas raciales e identitarias. Y esa reorganización creó el clima polarizado que hoy parece tan difícil de revertir.

En este punto surge la cuestión de fondo: qué puede ocurrir cuando una democracia como la estadounidense ha dejado que sus normas informales se deterioren. A partir de ahí se abren tres horizontes distintos.

El primero los autores imaginan una recuperación rápida, en la que la crisis actúa como advertencia. En ese escenario Trump pierde apoyo, los republicanos corrigen el rumbo y Estados Unidos vuelve a una estabilidad razonable sin necesidad de una gran transformación institucional.

El segundo es mucho más oscuro. En él, un Partido Republicano alineado con Trump retiene la presidencia, las dos cámaras del Congreso y con el tiempo consolida una mayoría en el Tribunal Supremo. Desde esa posición, utiliza tácticas duras constitucionales para fabricar mayorías electorales duraderas: endurece la inmigración, purga los censos, restringe el voto anticipado, aprueba leyes de identificación de votantes y elimina obstáculos como el filibusterismo. La democracia no desaparece de golpe, pero se va quedando vacía.

El tercer escenario se sitúa entre esos dos extremos. La democracia sigue siendo formalmente competitiva, pero los guardarraíles están muy debilitados. La polarización se mantiene alta y el juego duro se normaliza. Trump puede salir del poder, pero el estilo trumpista y la erosión de las normas permanecen. En ese contexto, solo hay salida si se reconstruyen los hábitos que permitían que rivales políticos convivan sin considerarse enemigos.

Cuando este análisis se escribió, en 2018, la idea de una recuperación rápida todavía estaba sobre la mesa. Sin embargo, los años posteriores cambiaron la lectura. La negativa de Trump a aceptar la derrota en 2020 nos mostró que el daño era más profundo de lo que sugería el análisis inicial. Las instituciones resistieron, pero estuvieron a punto de romperse. 

Además, el comportamiento del Partido Republicano después de la crisis del Capitolio dejó claro que revertir la dinámica no sería tan sencillo. Trump siguió siendo la figura dominante del partido, mantuvo un apoyo sólido y, finalmente, ha vuelto a la Casa Blanca.

Pese al peligro que supone Trump para la democracia, los autores insisten en que ninguna democracia se salva solo derrotando a un líder. La cuestión de fondo es si el país es capaz de restaurar la tolerancia mutua y la contención institucional en un contexto mucho más diverso, desigual y polarizado que el del siglo XX.

La experiencia chilena podría servirnos de ejemplo. Su transición en los ochenta no resolvió las diferencias entre socialistas y democristianos, pero sí creó un clima de cooperación que evitó que el país volviera a hundirse.

Conclusiones personales

Este es un libro importante porque despierta al lector y le obliga a mirar con más desconfianza a sus líderes políticos. En El manual del dictador vimos que los dirigentes no actúan por altruismo: se deben a la coalición que los mantiene en el poder. En una democracia esa coalición son, sobre todo, los votantes; en una dictadura, una élite reducida de militares, caciques o magnates.

Esta obra nos abre todavía más los ojos. Señala esos comportamientos que, siendo legales, erosionan poco a poco la democracia. Para un líder con ansia de poder siempre será tentador reducir la coalición a la que tiene que rendir cuentas. Es más fácil contentar a una minoría de donantes, cargos fieles y medios afines que a millones de ciudadanos.

Nuestra obligación, si no queremos acabar en un país cada vez más autoritario y con menos controles, es fiscalizar a nuestros líderes, tanto si son de nuestra ideología como si no. Al final, lo más importante no es quien gobierna, sino vivir en un país donde haya paz y libertad.

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